En el pleno del mes de diciembre, del pasado año, nuestro Grupo Municipal, formuló una pregunta que era continuación a la respuesta obtenida al ruego presentado por Iniciativa por Aranjuez en el mes de enero de 2023, que recordamos fue la siguiente, realizada por la anterior delegada de contratación, doña Miriam Picazo: “ el procedimiento está en curso y para no perjudicar el mismo, se trasladará la información solicitada, una vez se haya terminado el procedimiento.”

La citada pregunta, textualmente se correspondía con lo siguiente: “Termina 2023 y no conocemos nada al respecto. ¿Han terminado el procedimiento de enajenación de 20 viviendas de SAVIA? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Hay previstos más procesos? ¿Van a entregarnos la información por escrito  sobre todo el procedimiento?”.

De la respuesta obtenida de la actual delegada de contratación, doña María Saiz, se desprende que, aún el procedimiento no está concluido, y que lejos de ser un proceso o procedimiento eficiente, el tiempo transcurrido es un indicador claro del fracaso de este. La respuesta fue la siguiente: “  Se refieren al procedimiento de la Unidad de Contratación y Patrimonio denominado PAT 1/2021. El mismo se compone de 20 lotes, los cuales se han adjudicado todos a excepción de los que se encuentran en trámite y que se corresponden con los lotes: 2,3,5,8,13 y 14 ; y de los desiertos: 9 y 10. Pueden ustedes consultar el expediente…En relación con, si se entregará información por escrito, no me queda más que indicarles que se estará en lo establecido en el Reglamento Orgánico… En estudio la posibilidad de iniciar eventuales procedimientos, cuando esté concluido el actual. “

De la respuesta de la actual delegada de contratación, además de evidenciar lo que ya hemos apuntado, el procedimiento no está concluido, se desprende el objetivo del gobierno municipal de pretender trasladar la idea de lo contrario, afirmando que los 20 lotes (viviendas) se han adjudicado, para establecer posteriormente una excepción que afecta a 8 viviendas (lotes) de los 20 totales. El 40% de la viviendas del procedimiento de enajenación no se ha resuelto, lo que significa que se está muy lejos de una resolución definitiva.

En octubre de 2021, el grupo municipal de Iniciativa por Aranjuez, hoy conformando Coalición por Aranjuez, consiguió el compromiso unánime y el reconocimiento de la delgada Doña Belén Barcala, de la importancia del trabajo conjunto para el proceso abierto y para los siguientes, el compromiso adoptado por unanimidad fue el siguiente: “ El Pleno de la Corporación Municipal, insta al Gobierno Municipal a abrir la mesa de participación política, representada por todos los grupos municipales, para valorar los procesos (procedimiento y adjudicación) de los bienes inmuebles susceptibles de enajenar, provenientes de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda (SAVIA).

Nada se ha concluido al respecto, sobre dos objetivos municipales establecidos en el compromiso de absorción de SAVIA, que tienen que ver con la gestión de sus activos y que son de vital importancia por afectar a dos asuntos: Plan de Ajuste y Necesidad Social de Vivienda Pública.

Retrocediendo y retomando los contenidos del Plan de Ajuste de septiembre de 2019 (plan de ajuste base del gobierno actual) y sus medidas de ingresos, debemos recordar en 2024, y tras más de cuatro años y medio del gobierno actual, lo que el informe de intervención aportaba al citado plan de ajuste, el informe fechado el 24 de julio de 2019, era muy concreto: “la enajenación de bienes ( referidos a los inmuebles de SAVIA) solo podrá financiar la amortización de los préstamos. Como consecuencia de ello, el Plan de Ajuste recoge la venta del inmovilizado en cada ejercicio presupuestario, de acuerdo con las medidas de ingresos B1 ( que a continuación se describen). En caso de que dicha venta no se produjese, lo ingresos del resto de presupuesto municipal, deberán hacer frente a dichos pagos, lo que provocaría tensiones graves en la liquidez de la Tesorería Municipal, que impedirían el pago de las prestaciones de otros servicios municipales.”

El contenido del Plan, aprobado en septiembre de 2019, entre otras medidas, en el apartado B1. Descripción Medidas de Ingresos. Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos, valoraba el ingreso de las viviendas de la extinta sociedad local del suelo y la vivienda (SAVIA), a lo largo de la proyección del Plan de Ajuste:

“A este respecto se ha calculado que la venta de viviendas de la extinta sociedad se destinará al pago del préstamo afecto a la misma y la amortización de los préstamos que en su día concertó la ya inexistente sociedad local del suelo y la vivienda. En este sentido se ha calculado como ingresos de capital, en el presupuesto de ingresos, y en base al informe emitido por empresas del sector en el que propone la venta de 10 viviendas por año en el ejercicio de 2020 con un precio medio de 103.022,00€ lo que hace un importe de 1.030.220,00€ en una proyección prudente. En los años de 2021 se pretende una venta de 10 viviendas con un importe de 1.030.220,00€; en el año 2022 se pretende una venta de 15 viviendas con un importe de 1.545.330,00€; en el año 2023 y 2024 se pretende una venta de 20 viviendas con un importe de 2.060.440,00€; en el año 2025 se pretende una venta de 18 viviendas con un importe de 1.854.396,00€.

Respecto de los garajes el importe de venta será el que se incluye en el cuadro adjunto a estas medidas de ingreso. El importe se destinará a la amortización del capital del préstamo sobre dichas viviendas y la deuda de crédito ordinario de acuerdo con la propuesta de la IGAE, ya que al ser una deuda que se aplazará en 10 ejercicios presupuestarios, se debe contabilizar como una deuda del Ayuntamiento según se recoge en el informe de Intervención y según la propuesta de convenio que en su día se hizo y se aprobó. 2020 Página 6 de 7 El importe de la venta de las viviendas, al ser superior a la cuota de amortización, producirá una generación de crédito en el importe que supere la cuota de amortización para seguir amortizando préstamos y que la carga financiera disminuya en el menor periodo posible.

Los importes de los ejercicio de 2021 y 2022 del exceso de amortización de las viviendas, (684.650,52€ y 718.779,30€ respectivamente) se utilizará para reducir su deuda comercial en esos mismos ejercicios, en base al artículo 39.5 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo”

Con estas aportaciones, el cuadro trasladado del Plan de Ajuste aprobado aportaba la siguiente evolución en el tiempo con la enajenación de viviendas y garajes:

1. En 2020 enajenación de 10 viviendas y 10 plazas de garaje: 105.200 €
2. En 2021 enajenación de 10 viviendas y 15 plazas de garaje: 142.720 €
3. En 2022 enajenación de 15 viviendas y 20 plazas de garaje: 695.330 €
4. En 2023 enajenación de 20 viviendas y 25 plazas de garaje: 247.940 €
5. En 2024 enajenación de 20 viviendas y 25 plazas de garaje: 247.940 €
6. En 2025 enajenación de 18 viviendas y 14 plazas de garaje: 959.400 €
7. A partir de esta fecha y hasta el 2031, la venta del resto de plazas de garaje hasta el total de 249, y a razón de 7.500€, y de 25 cada año, con una previsión de ingresos de capital de 187.500€

Llegado a esto, el proceso de enajenación mediante el procedimiento PAT 1/2021, ha sido el primero y único que se ha iniciado, con el objetivo de enajenación de 20 viviendas con su trastero y 20 plazas de garaje, con una previsión de ingresos de 1.915.083,29€, lo que, en sí mismo, ya suponía unos menores ingresos, de los previstos en el plan de ajuste, de 332.836,72 €.

Estamos en 2024, deberían haberse enajenado 55 viviendas y 70 plazas de garaje, la realidad es que, tan sólo se han enajenado de forma definitiva 12 viviendas (los lotes 1,4,6,7,11,12,15,16,17,18,19 y 20 del proceso denominado PAT 1/2021), y con unos ingresos supuestos de 1.183.136,04 €, según el precio de licitación que conocemos de la empresa Valmesa, para el procedimiento.

Esta es la realidad que, enfrentada a las previsiones del Gobierno de Doña María José Martínez de la Fuente, en el Plan de Ajuste de 2019 y trasladadas al Ministerio de Hacienda, supone una ausencia de ingresos de 5.008.053,96 € al finalizar el ejercicio de 2023, por no haber tenido la capacidad de saber gestionar un patrimonio, activos municipales, susceptibles de poder ser enajenados con un enfoque social, objetivo para el que se construyeron estas viviendas, y con un claro objetivo de reducir los pasivos de la extinta SAVIA.

En este momento, en el que las previsiones de ingresos planteadas en el plan de ajuste, que no han sido modificadas en los aprobados posteriormente, en referencia a los ingresos de capital, estamos ante una realidad preocupante, toda vez que se terminan los períodos de carencia y la suspensión de las condiciones de las reglas de gasto.

De las 109 viviendas propiedad del Ayuntamiento, provenientes de SAVIA, 93 de ellas han formado parte de los objetivos de enajenación, tanto en el Plan de Ajuste de 2017, como en el del 2019. Las 16 viviendas, que completarían las 109, siguen siendo propiedad del Ayuntamiento, pero en una situación particular, toda vez que estas viviendas están alquiladas, desde la extinta SAVIA, con opción a compra, situación que no se pudo resolver, por considerar los inquilinos que cuando se planteó la posibilidad de la compra, no se tenían en cuenta el valor de esta en el mercado, siendo bastante más caras que las que se han pretendido enajenar. Esta realidad, no está resuelta, los inquilinos siguen pagando su alquiler y pretenden, creemos que con toda la razón, resolver su situación de forma justa adquiriendo la vivienda por un valor real del momento, no de los tiempos de las burbujas inmobiliarias.

Desde Coalición por Aranjuez, queremos dejar constancia de que la responsabilidad de todo lo que está sucediendo, la falta de solución a los inquilinos, la ineficiencia en la gestión de la enajenación en tiempo y forma, y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los distintos planes de ajuste, son única y exclusivamente responsabilidad de los miembros de los gobiernos de María José Martínez, en el anterior mandato y el actual, por acción u omisión.

Junto a esta realidad, nos topamos, también, con lo ya aportado por el Grupo Municipal de Acipa, en el pasado pleno, a través de una pregunta sobre las 400 viviendas del Plan VIVE 3. Lo que realmente conocemos, al respecto, es que en octubre de 2023 el proceso de adjudicación para la construcción de estas viviendas, soportadas en los fondo europeos negociados por el Gobierno de España, “Next Generation”, quedó desierto, siendo la respuesta del delegado de urbanismo: que la Dirección General de la Vivienda, está trabajando en ello.

Bien, un fracaso más de una propuesta que pende desde hace más de cuatro años, y mientras tanto, las necesidades en nuestra ciudad sin resolver.

Esta realidad, nos sitúa ante un escenario, que basado en resultados como los aportados, puede definirse como de ausencia de políticas públicas efectivas en materia de vivienda, lo que está llevando a un endeudamiento de los trabajadores y trabajadores por encima de su capacidad, y a contribuir a la imposibilidad de emancipación de nuestro jóvenes, cuya edad ha llegado a la media de los 30 años.

Desde Coalición por Aranjuez, proponemos invertir esta situación, dado el fracaso de los objetivos. Proponemos generar un nuevo modelo para Aranjuez, que se enfrente a la especulación, principalmente en manos de grandes tenedores de vivienda, (bancos, y fondos buitre), que son los que están marcando un camino de endeudamiento impracticable, para los trabajadores y trabajadoras, muy especialmente a los jóvenes de nuestro municipio. Consideramos que la alternativa es la de crear un parque público de vivienda, instar a la Comunidad de Madrid a que rectifique los precios del Plan Vive y haga de este un auténtico plan de acceso a la vivienda con precios accesibles, justos y sociales, y concluir las acciones necesarias para determinar, por la falta de oferta de vivienda, a Aranjuez como zona de alquiler tensionada.

Por lo expuesto, venimos a proponer al Pleno de la Corporación Municipal que apruebe las siguientes acciones:

• Revisar los compromisos con respecto a las viviendas propiedad del Ayuntamiento, de la extinta SAVIA, determinando el objetivo de incorporar todas aquellas que no están comprometidas que, estimamos en la cantidad de 75 viviendas con sus plazas de garaje al parque municipal de vivienda social para alquiler, toda vez que el resto, hasta 109 están alquiladas o se han adjudicado en el proceso PAT 1/2021.

• Conformar, inicialmente, el parque municipal de vivienda social para alquiler con estas 75 viviendas, con la inmediata puesta a disposición de los vecinos y vecinas, con objetivos sociales y con un alquiler asequible, que deben conseguir dar respuesta a las necesidades en nuestra ciudad y a ingresos anuales ciertos para atender pasivos, hecho que no se ha producido en los pasados cinco años. Posteriormente revisar todas y cada una de las otras viviendas, distintas a las de SAVIA, con sus informes pertinentes sobre su situación habitacional y objetivos sobre las mismas.

• Culminar los estudios que sean pertinentes, ya tratados en distintos plenos, para determinar a Aranjuez, en su totalidad o por barrios, como zona de alquiler tensionada.

• Instar a la Comunidad de Madrid, a llevar a término el objetivo para nuestra ciudad del Plan Vive, de la construcción de 400 viviendas para jóvenes, cuyo precio deberá ser revisado, con el objetivo de que el límite del alquiler no exceda el 25%, en todos los casos, de los ingresos de la persona o de la unidad familiar

En Aranjuez a 22 de enero de 2024                            Proposición GM CPA Pleno Ordinario enero

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El Juez de lo Mercantil cierra el concurso de acreedores de Savia con una extensa sentencia aprobando la absorción de la Sociedad Local, pero no como cesión global, sino mediante la fórmula de convenio de asunción, y surrealista nota de autobombo del equipo de gobierno, precipitándose a analizar las implicaciones de la misma y lanzando las campanas al vuelo sobre un cierre de concurso que deja muchas dudas en el aire.

Aranjuez, 20 de septiembre de 2018.

Como viene siendo habitual, el equipo de gobierno es raudo y veloz cuando se trata de dar cuenta a los ciudadanos de aquellas sentencias que les favorecen, o que creen ellos que les favorecen. Desde acipa damos cuenta de todo, de las que nos condenan a pagar millonadas a empresas y bancos hasta aquellas que son favorables a los intereses de los ribereños, no del gobierno de turno que haya en ese momento. Respetamos las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, nos gusten más, menos, o tengamos discrepancias con ellas. En el caso que nos ocupa, se nos dio traslado el pasado martes de un fallo, con fecha 11 de septiembre de 2018, en el que se da carpetazo al Concurso de Acreedores voluntario que solicitó Savia (tras cuatro meses de pre-concurso, solicitado en marzo de 2016) acordado y aprobado en octubre del mismo año.

No vamos a cometer la precipitación de entrar a fondo y en el detalle de la extensa sentencia, porque hay muchas cuestiones que aclarar y porque las prisas nunca son buenas consejeras. Sobre todo cuando aún es susceptible de recurso de apelación, por lo que entendemos el equipo de gobierno se ha precipitado anunciando algo que aún no es firme. No obstante, es inexcusable responder a algunas cuestiones que se han expresado en la nota de prensa del equipo de gobierno, por ser en algunos casos medias verdades, y en otras auténticas ensoñaciones que solo existen en la realidad paralela de arco iris y hadas en la que se mece el gobierno municipal.

Para empezar, llama la atención que desde el equipo de gobierno se hable de re-municipalización de la Sociedad Local del Suelo, que no olvidemos, era -aún es- una sociedad mercantil manejando patrimonio 100% municipal. Aunque es verdad que el propio juez en la sentencia habla de ello, en realidad savia jamás ha sido pública, sino que fue un ente creado ad hoc para la gestión del suelo. Tanto es así, que el gobierno socialista entre los años 2003 y 2011 fue uno de los principales defensores de este modelo de gestión (que, en sus propias palabras y entrecomillamos… “ha permitido ser muy efectivos en la construcción de vivienda protegida (…) llevar a cabo urbanizaciones modélicas como Agfa (…) o como la nueva ciudad deportiva de Olivas, (…) recuperando el Raso de la Estrella, devolviendo el 100% de sus beneficios a la población de Aranjuez…” Tan efectivo que una parte sustancial de ese dinero acabó en estudios de dudosa utilidad posterior, y desde luego pudo acabar generando un desequilibrio patrimonial dentro de la propia mercantil. La forma de haber clarificado esta cuestión, poniendo negro sobre blanco qué y cómo fue el flujo de patrimonio municipal hacia Savia, qué dinero de las plusvalías generadas se destinó a obras municipales y qué no, en suma, qué se debe cada parte entre sí, algo que reclamaban auditores, que aparecía en el propio informe concursal, y que supuestamente iba a clarificarse con la comisión mixta solicitada por acipa en diciembre de 2016, de la que nunca más se supo, como casi todo lo aprobado en Pleno.

Otro punto de discrepancia y aclaración respecto a la sentencia lo encontramos en la aprobación final por el Pleno del convenio de acreedores, sobre el que se cimenta el cierre del concurso. Para que dicho convenio adquiriese firmeza necesita o necesitaría la elaboración y aprobación previa por Pleno (que no se ha producido en ningún momento) de un proyecto de cesión global, además del propio convenio de acreedores. Convenio, convenios, que han pasado hasta cuatro veces (cada uno distinto) por Consejo y

Junta General (rechazados cada uno de ellos por acipa al considerarlos lesivos para los intereses generales) pero que jamás lo ha hecho por Pleno. En lugar de eso, el Juez estima que la propuesta de convenio fue “asumida plenamente” por el Ayuntamiento de Aranjuez, y para ello se ciñe al acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2017, de subrogación de pagos derivados de la propuesta de convenio (y no de activos) que en ese momento no contó con aprobación previa de Consejo y Junta, pero que se hizo bajo el paraguas de una condición resolutoria. Paraguas que supuestamente salvaba las aprobaciones previas de Consejo y Junta y que ahora vemos que parece haber salvado la aprobación del propio Pleno del convenio de acreedores. Queremos aquí volver a lo que dijimos en la nota de dicho Pleno, y exponer datos de interés a los ciudadanos que el equipo de gobierno ha dado en su nota con cuentagotas y casi de puntillas.

1-Se trató de una medida de absorción del pasivo del principal acreedor, Liberbank, aproximadamente 18 millones de euros, formalizado mediante otorgamiento de escritura pública. El acuerdo suponía, y supone hoy (al estar recogido en el convenio) el pago de 1,3 millones de euros del crédito con privilegio especial, y que ese pago tiene que hacerse ya. Recordemos que se entró en pre-concurso por la imposibilidad de acometer inmediatamente un pago de sentencia (Isolux) de 980.000 euros.

2-Además de una nueva carencia de dos años, la leve bajada de intereses apenas supondrá una mejora de 350.000 euros. Cantidad pírrica comparada con los alrededor de 400.000 euros que habrá que pagar a administrador concursal, abogados y procuradores por la solicitud y desarrollo del concurso de acreedores. Una subrogación con efectos muy favorables a Liberbank, que veía que se le abonaba el 100% de su deuda, incluso la deuda subordinada, la de menor cuantía, de 770.000, sin quitas ni esperas.

En resumidas cuentas, Savia “sale” (en realidad no sale, porque quedaría extinta) del concurso prácticamente con las mismas deudas, si no más, con un plan de pagos que entendemos, es lesivo para las arcas municipales, y con un patrimonio al que el juez ha colgado el cartel de demanial. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ni concurso, ni administradores, abogados, procuradores…

El portavoz de la agrupación Ciudadana Independiente, Jesús Mario Blasco, afirma que “no queremos, a falta de mayor profundización en la extensa sentencia, pasar por alto la actitud del equipo de gobierno de, una vez más, y tras la sentencia, disparar a todo lo que se mueve. Sorprende ya el titular “el gobierno culmina el proceso de absorción…” cuando la batuta y los tiempos del concurso los ha marcado Liberbank. De hecho, el propio pleno de finales de septiembre del año pasado, se convocó deprisa y corriendo con la documentación enviada -incompleta- de mala manera el día antes a las 11 de la noche porque a quien le corría prisa era al banco. Y como decíamos, han confundido la discrepancia (que las ha habido y las hay, con respecto a los convenios) con poner palos en las ruedas, cuando los únicos “palos” han venido producto de su propia inoperancia. Desde acipa hemos actuado con escrupuloso respeto a los tiempos judiciales, y si de algo hemos podido pecar ha sido de prudencia, nunca de temeridad, y sin intentar “boicotear” nunca nada. Actitudes que se caen por su peso, y los hechos de unos y otros así lo demuestran.

“Tampoco queremos dejar de señalar que es muy triste que las trabajadoras de Savia, que han sido enormemente leales en el cumplimiento de sus obligaciones (cuando han tenido motivos más que sobrados de queja, como nóminas impagadas y cantidades adeudadas) se tuvieran que enterar de la resolución del concurso por terceras personas (ajenas a la Sociedad Local) y no por el propio gobierno. Tal vez la prisa en sacar la nota haciendo una interpretación interesada de la sentencia deberían haberla tenido también en informar al personal de las implicaciones de la misma. Sobre todo por parte de un gobierno “socialista”, que está cansado de darse golpes de pecho y de enarbolar banderas en defensa de los trabajadores”

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Cristina Moreno: “Este proceso permitirá liquidar de forma ordenada el patrimonio de la sociedad y hace viable la situación financiera de la misma sin poner en riesgo el activo municipal, propiedad de todos los ribereños, incluyendo la vivienda pública”.

El Gobierno municipal ha culminado el proceso de liquidación y absorción de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda (SAVIA) sin poner en riesgo los bienes de esta sociedad pública creada en el año 2001.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que acaba de ser comunicada al Ayuntamiento de Aranjuez y que pone fin al proceso de administración concursal de la sociedad, da vía libre al convenio de asunción o transmisión de la empresa y de la unidad productiva en concurso de acreedores y aprueba el convenio propuesto por el consistorio ribereño.

Este convenio, de tramitación ordinaria, implica la transmisión al Ayuntamiento de Aranjuez de todos los bienes y derechos de SAVIA, como contraprestación al pago de los créditos de la propia sociedad: el abono del 100% del crédito privilegiado especial (1,294 millones de euros), abonando el resto en 10 años con un interés del 1,701%; el abono del 100% del crédito ordinario en 10 años con un interés del 1,092%; y el abonos posterior del subordinado.

El total del pasivo que asume el Ayuntamiento de Aranjuez asciende a los 24 millones de euros, incluidos los intereses.

El convenio tuvo vía libre una vez que el Ministerio de Hacienda valoró favorablemente el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Aranjuez para acogerse al Fondo de Ordenación elaborado por el propio ministerio para las entidades locales con problemas financieros.

“Hay que recordar que todo este proceso tan complejo ha sido un ejercicio de responsabilidad del que solo han participado tres grupos políticos de la Corporación Municipal: los dos que componen el Gobierno municipal, PSOE e Inpar, y el otro grupo de la izquierda, Aranjuez Ahora”, ha asegurado la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno.

“AUTÉNTICA REMUNICIPALIZACIÓN”

La propia sentencia del Juzgado de lo Mercantil asegura que “nos encontramos ante una auténtica remunicipalización de bienes y derechos” que el Ayuntamiento de Aranjuez gestionaba a través de SAVIA, una sociedad mercantil de exclusiva titularidad municipal.

Así, el activo de SAVIA que asume el Ayuntamiento de Aranjuez consta de:

• Tres parcelas destinadas a vivienda en el Sector de AGFA (una de ellas, la P-74, hipotecada).
• La parcela de la Antigua Harinera en Puente Barcas.
• Tres viviendas en la calle Florida.
• Un local comercial y varios garajes en la calle Val de Boi.
• Las actuales dependencias municipales de la calle Stuart, 79.
• El acceso al Teatro Real Carlos III por la calle San Antonio.
• 205 plazas de garaje en AGFA (50 de ellas hipotecadas) y 26 en Olivas.
• 50 viviendas con opción a compra en la P-82 de AGFA.
• 4 viviendas de venta en la P-83 de AGFA.
• 50 viviendas con opción a compra en la P-83 (hipotecadas).

La alcaldesa ha insistido en que “este proceso permitirá liquidar de forma ordenada el patrimonio de la sociedad y hace viable la situación financiera de la misma sin poner en riesgo dicho el municipal, propiedad de todos los ribereños, incluyendo la vivienda pública y el patrimonio públicos”.

GARANTÍA FRENTE A LOS FONDOS BUITRE

En ese sentido, Cristina Moreno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los ribereños que tienen una vivienda pública de SAVIA, porque con esta sentencia y este proceso de absorción “hemos evitado la posibilidad de que sus casas pudieran ser gestionadas por fondos buitre, como ya ha sucedido en Madrid gracias a las políticas y a la gestión de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ruiz Gallardón o Ana Botella”.

El proceso de liquidación de SAVIA radica en la Ley de Racionalización de la Administración Local de Gobierno de Rajoy, que condenaba a las sociedades públicas que no hubieran presentado un plan de corrección del déficit.

INICIO DE LA DISOLUCIÓN: FEBRERO DE 2015

Muy lejos de presentar este plan, el Gobierno municipal del PP dejó morir a SAVIA de inanición y aprobó el inicio de la disolución de la sociedad en febrero de 2015, a tres meses de las elecciones municipales de mayo del mismo año.

Una vez fuera del Gobierno, “el PP se ha dedicado a boicotear el proceso, votando en contra de sus propias cuentas en el Consejo de Administración, como ocurrió en 2016”, ha dicho la alcaldesa, recordando también los votos del PP contra el Plan de Ajuste y los pagos de la sociedad.

Por la misma senda han discurrido ACIPA y Ciudadanos, el primero intentando boicotear la valoración de los bienes y el segundo tras el convenio de subrogación de los créditos en septiembre de 2017.

Cristina Moreno se ha mostrado hoy satisfecha por la culminación de este proceso que, “a pesar de los palos en las ruedas, se ha saldado de la forma más satisfactoria posible para los ciudadanos”. 

NOTA: Los medios interesados en ampliar esta noticia pueden ponerse en contacto con la Oficina de Información.

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