Una nueva tasa que desde nuestro Grupo Municipal consideramos ilegal y sobre todo injusta. Creemos que el Gobierno y sus socios de Vox no han hecho el esfuerzo necesario para oponerse a una tasa a nivel estatal, jurídico, apoyados en sus mayores, e incluso en la Federación Española de Municipios.

Aranjuez, 26 de diciembre de 2024.

En la mañana del jueves se celebró un pleno extraordinario y urgente porque, según el Gobierno, esta tasa debe estar aprobada antes del 1 de enero de 2025. Se trata de la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Aranjuez. Este Pleno ha servido para que no se hayan admitido ninguna de las alegaciones que presentó nuestro partido, sin contestación técnica y podemos llegar a decir que menospreciándolas.

Las dos únicas que se han admitido son incrementar la reducción por la instalación de sistemas de compostaje doméstico y comunitario, que pasaría del diez por ciento previsto que era un porcentaje que ciertamente no incentivaba el uso de este tipo de sistemas que reducen los residuos de forma significativa, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Ley 7/2022 al cincuenta por ciento. La segunda de las alegaciones piden incrementar también la reducción a personas en riesgo de exclusión social que pasaría del veinticinco por ciento que efectivamente, no suponía un alivio real a la carga tributaria adicional que debían asumir aquellas personas en situación de pobreza severa, y que iba a incrementar sus dificultades económicas al noventa y cinco por ciento.

Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez afirma que “nuestras alegaciones a la tasa de basuras han estado fundamentadas primordialmente en la propia injusticia e impertinencia del nuevo tributo. Hemos demostrado, creemos que eficazmente, que esta tasa no viene impuesta por la Unión Europea sino por el Gobierno de España, y creemos que interviene ilegítimamente en la autonomía que tenemos los municipios para crear nuestras propias tasas sin que nos las impongan desde otras administraciones. Por añadidura, y dado que hasta que no se modifique o derogue hablamos de un imperativo legal, por más que no nos guste, creemos que se debería haber agotado el plazo legal de 10 de abril de 2025 y haber devengado la tasa en 2026, dando tiempo al propio gobierno municipal así como a la Federación Española de Municipios y Provincias a pleitear y al menos conseguir modificación o paralización cautelar.

“No deja de ser curioso”, indica el Portavoz, “que aquellos que se vanaglorian de decir lo mismo en todos sitios, los paladines de la lucha contra la agenda 2030, se sumen entusiásticamente a la causa cuando se trata de instaurar una tasa que van a pagar todos los ribereños con leyes emanadas de la agenda que tanto critican. Y si no de forma entusiasta, dando la callada por respuesta”.

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Hay que recordar que esta ley viene aprobada de Europa tanto por el Partido Popular Europeo, como por la social democracia, y ratificado igualmente en España en el Congreso de los Diputados con la abstención del Partido Popular. Por tanto, está validada por la mayoría social. No puede decir el señor Alcalde, D. Miguel Gómez, que es culpa de Sánchez. En cambio, de lo que sí es culpable el Gobierno Municipal es de la confección de la tasa.

La tasa de basuras impuesta por PP-VOX en nuestro municipio no penaliza al que más residuos genera, de acuerdo al principio de esta ley: “Quien más contamina, que más pague”, y que tiene por fin buscar la reducción de residuos contaminantes.

Con esta tasa el vecino va a pagar un coeficiente mayor por generar menos residuos que comercios más contaminantes y, además, se hace cargo de conceptos como la limpieza de plásticos agrarios, vertidos ilegales, la limpieza del rastro, de todas las ferias (recinto ferial, ferias ambulantes, espectáculos especiales en suelo público…), eximiendo el pago de la recogida de estos residuos a quien lo genera.

Un ejemplo fragante de ello es el Mercado de Abastos, en el que se recogen dos camiones diarios, seis días en semana y que va a pagar una tasa similar a la de un chalet grande unifamiliar de una zona residencial.

La tasa se va a calcular por valor catastral, penalizando así a las nuevas construcciones, es decir, un piso del barrio de Agfa puede pagar un 50% más que uno en las Aves con los mismos metros cuadrados. De igual manera pasa con los locales comerciales.

En la tasa de uso residencial también equipara el coste de la misma al de muchos locales que más residuos dan como son los bares.

Respecto a la parte de tasa de uso no residencial, es decir, comercios y empresas, es también totalmente discriminatoria. ¿Cómo le va explicar D. Miguel Gómez al dueño de una farmacia o de una papelería, por ejemplo, que va a pagar igual que un bar?

Los bares sólo pagan por su valor catastral, las terrazas no cuentan, cuando hay algunas que incluso doblan en metros cuadrados al local del bar, ¿las terrazas no generan residuos?

Hay comercios que en vez de generar residuos contaminantes generan cartón (estancos, tiendas de ropa, papelerías, etc.), algo que repercute económicamente a las arcas municipales. Según el informe tributario que consta en el expediente, en 2023 se ha recaudado entre la recogida de envases y la recogida de cartón 265.474,73 €. ¿Cómo pueden pagar lo mismo los comercios que no generan residuos contaminantes que un bar, una pescadería, una carnicería o el comerciante del Mercado de Abastos?

Y qué decir de las bonificaciones… La ciudadanía que cobre el IPREM (600 €) tiene una bonificación del 25%, pero por ejemplo, cobrando 610 € ya no tiene bonificación. ¿Lo van a poder pagar? En cambio, para las familias numerosas, contempla unas bonificaciones entre el 40% y el 60%, sin tener en cuenta la renta.

Tampoco contempla bonificaciones para las grandes empresas, aunque tengan reciclaje externo. Buena medida para incentivar a nuevas empresas que pretendan asentarse en Aranjuez.

Los únicos que se pueden beneficiar de una bonificación del 25% son las empresas de distribución alimentaria y restauración, es decir, los contaminantes, que tengan establecidos sistemas de gestión que reduzcan los residuos.

En definitiva, un despropósito de tasa para inaugurar la primera ordenanza municipal del Sr. Gómez como Alcalde. Desde Más Madrid le transmitimos al Sr. Gómez que Aranjuez necesita menos vídeos y mejor gestión.

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Los técnicos municipales indican que debe ser aprobada antes del inicio del año en el que se implanta. No deberíamos haber llegado a esta situación puesto que esta tasa, impuesta por Europa y acelerada por el Presidente de nuestro País, se conoce desde hace años.

 Aranjuez, 5 de noviembre de 2024.

La mañana del martes  aprobó, con los votos favorables únicamente del gobierno del PP y sus socios de Vox, la conocida como “tasa de la basura” que tiene que cobrarse, por Ley, a partir del año 2025. Cabe decir que la existencia de esta tasa y su aplicación era conocida por todos desde hace años, marcada en primer lugar por Europa y acelerada por el Presidente de Gobierno de nuestro País, obligando a todos los municipios a cobrar por un servicio que ya estaba presupuestado en todos los Ayuntamientos, con la intención de concienciar y favorecer el reciclaje y la reducción de la producción de residuos.

Ahora bien, centrados en nuestra localidad, la superficie total de los inmuebles sujetos a la tasa es de 4.999.678 m2, de los que 3.234.153 m2 corresponden a residencial, lo que supone aproximadamente un 64,687% de la superficie total y 1.765.525 m2 a uso distinto al residencial, lo que supone aproximadamente un 35,313% de la superficie total. Sobre estos porcentajes se dividen los costes del servicio. Estableciéndose una cuota fija y una cuota variable para cada uno de los dos grandes grupos de inmuebles.

1. Cuota fija.

Inmuebles de uso residencial: Coste del servicio que les es imputable dividido entre el total del valor catastral de los inmuebles de uso residencial: 1.955.131,14 €/2.271.906.699,47 € igual a 0,00086056 tarifa que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble de uso residencial.

Inmuebles de uso distinto al residencial: Coste del servicio que les es imputable dividido entre el total del valor catastral de los inmuebles de uso distinto al residencial: 1.067.306,62 €/816.097.940,53 € igual a 0,00130781, tarifa que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble de uso no residencial.

1. Cuota variable o cuota por generación.

La cuota variable para los inmuebles de uso residencial se va a calcular en función de las personas empadronadas. Según datos facilitados por el Departamento Municipal de Estadística, ascienden a 65.534. Si dividimos el coste variable imputable a los inmuebles de uso residencial 832.653,75 € entre el número de empadronados, se obtiene una tarifa de 12,70 € por empadronado.

La cuota variable para los inmuebles de uso distinto al residencial se va a calcular en función del valor catastral de los citados inmuebles. Teniendo en cuenta que el coste variable imputable a estos inmuebles asciende a 454.545,91 € y que el valor catastral total de los citados inmuebles es 816.097.940,53 €. La tarifa será el resultado de dividir el coste imputable entre el valor catastral total de estos inmuebles: 454.545,91 €/816.097.940,53 € igual a 0,00055697 que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble.

 VOTO EN CONTRA DE ACIPA.    

Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) defiende la necesidad de reciclar, de generar menos residuos, pero la mejor manera de hacerlo sería incentivar fiscalmente a quien lo hace, penalizar al que vierte en lugares indebidos, y no aumentar generalizadamente la presión fiscal cuando ya soportamos una auténtica odisea de impuestos y tasas de toda índole e impuestas por todas las administraciones. Por tanto, “no nos creemos en absoluto que la mejor manera de reciclar es imponer un peaje a aquellos que reciclan. Además, con una tasa creada como se ha creado, imponiendo a los municipios esta figura impositiva, vulnerando el principio de autonomía local que nos ampara, y esperamos que los “grandes” partidos estén a la altura y defiendan a sus ciudadanos en los tribunales, denunciando esta tasa injusta para los ribereños”.

El Portavoz afirma que “es la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la que hace apenas una semana pedía, por unanimidad, pedirle al Gobierno de España la reformulación de la ley para que se pueda aplicar respetando la autonomía local y no suponga un aumento de costes a los vecinos. Una vez más, y ya son tantas por parte de gobiernos de todos los colores, el gobierno de España pisotea a los municipios, nos pone de parapeto recaudador y nos endosa una figura fiscal para irse otra vez de rositas y sean los ayuntamientos quienes tengan que poner la cara a la hora de enfrentarse al comprensible enfado de los vecinos. Y más que se nos disfrace como una medida adecuada para fomentar el reciclaje, cuando es una vulgar tomadura de pelo que además pondrá en riesgo los beneficios que la población percibe sobre el reciclaje y la economía circular.

Por si fuera poco, no faltan tampoco las amenazas de retirar ayudas europeas a los municipios que no impongan esta tasa antes de abril 2025, cuando la FEMP está siendo clara ante las dificultades de aplicación de la tasa. Acabaremos teniendo 8.000 tasas distintas, tantas como municipios en España, mientras el impositor de la misma (la Unión Europea y el Estado) hace de Don Tancredo. Es sencillamente inadmisible. 

Ante esta tesitura, nuestra posición no es la insumisión fiscal, sino la de calcular de la mejor manera la tasa para minorar todo lo posible este atropello a los vecinos, para bonificar lo que sea necesario, para paliar su impacto en los que menos tienen, y para pedir al gobierno local que haga las modificaciones fiscales oportunas y disminuir paralelamente la presión fiscal sobre los ribereños. 

Nuestro voto en contra viene motivado precisamente porque no observamos que se den esas cuestiones, y son razones técnicas, no ya solo por la existencia de esta nueva tasa. 

–En primer lugar, además de la imposición injusta y presuntamente inconstitucional, estamos hablando de la imposición de una figura fiscal que se basa en supuestos y que permite bonificaciones para reducirlas… pero que no obliga a que cubra los costes del servicio… y es ahí donde vemos que cojea nuestra propia ordenanza, puesto que se han quedado cortos a la hora de establecer bonificaciones, demasiado tibias. La propia normativa estatal recoge que “la exigencia de no tener una tasa deficitaria debe interpretarse como el necesario cumplimiento de un principio sin que exija una precisión absoluta”. Dicho con otras palabras, las bonificaciones y exenciones que se apliquen no deben suponer subidas al resto de contribuyentes, sino que es la recaudación bruta la que debe cubrir los costes del servicio, y no la neta, que es la final descontando exenciones y bonificaciones. 

Por tanto, no es entendible que no se hayan aplicado bonificaciones al depósito de residuos en el punto limpio (pese a que la normativa estatal lo contempla como posible incentivo al reciclaje) Tampoco ha sabido calibrar bien las bonificaciones a las familias cuyo ingreso sea el Mínimo Vital, o los parados de larga duración, o las pensiones más bajas. 

-También rechazamos lo que a nuestro juicio es una mala o insuficiente ponderación de los sujetos pasivos. Dejan fuera los solares (más de 700 en nuestra trama urbana) muchos en un estado pésimo de conservación, sin vallar o con las vallas tiradas, con malezas, basuras de toda índole, ocasionando molestias a los vecinos y obligando a intervenir al propio ayuntamiento, forzando su limpieza o haciéndolo subsidiariamente. ¿De verdad no generan residuos? Recordamos que ya hay ayuntamientos que exigen a los propietarios que paguen por su mantenimiento. Y si no quieren, desde acipa les hemos propuesto una tasa que grave a los incívicos e incumplidores de las normativas. Lo que no puede ser es la nada. Recordemos que a más sujetos pasivos, menos cuota tendríamos que pagar entre todos. 

También dejan fuera a las viviendas en ruinas. Ante esto somos muy claros, el que tenga una edificación con declaración de ruina debe repararla, o demolerla. PUNTO. Si no lo hace, sanción al canto. Tenemos ejemplos bochornosos como la casa de José Luis Sampedro como estandarte, y tantos inmuebles en un estado cochambroso. ¿Vamos a “premiarles” encima eximiéndoles de pagar por una propiedad que para más inri sí genera residuos, en vallados, en caída de cascotes, excrementos de palomas, etc…? Decimos claramente NO. 

-Y por faltar, entendemos que debería haberse realizado un informe de impacto económico, para poder calibrar mejor el impacto sobre el tejido más desfavorecido, que puede ser residencial pero también en aquellas pequeñas empresas que puedan afectarse. Creemos que en este mes de alegaciones debería realizarse para definir más acertadamente dónde deben ir los incentivos y las ayudas.

-Y por último, creemos que el gobierno debe ser valiente. No basta con denunciar que nos han obligado desde instituciones superiores la imposición de la tasa. Le pedimos valentía, le pedimos que sea capaz de ofrecer a los vecinos una rebaja de la imposición fiscal, porque al contrario de lo que se piensa, en Aranjuez se pagan mucho impuestos para lo que reciben los ciudadanos. Y por mucho que estemos sometidos a un plan de ajuste, estamos seguros que se puede hacer mucho más, por eso lo firmamos con el actual gobierno en el año 2019 y para nosotros ese acuerdo sigue vigente. Y saben más que de sobra que en ese escenario acipa siempre estará dispuesto a ayudar. 

No nos conformemos con lo mal que lo hagan otros. Deberíamos precisamente haber dado ejemplo aquí, las cosas no se hacen así, se sigue sin recoger la mano que tiende nuestro partido… y sigue quedando demostrado que elegir el camino más fácil al final trae situaciones como esta. Estamos a tiempo de rectificar y esperamos que en este próximo mes de reclamaciones pueda verse”.

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La duración del contrato es de 3 años con la posibilidad de realizar una prórroga de un año más. La empresa adjudicataria ha sido la única que se ha presentado a la licitación, el importe anual sin impuestos asciende a 66.535,85 €.

 Aranjuez, 22 de marzo de 2023.

La plataforma de contratación del estado ha publicado la resolución del contrato para llevar a cabo la contratación del Servicio operativo de recogida y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, del Sistema Neumático de Residuos de la instalación implantada en la Urbanización del sector de AGFA. Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son garantizar la gestión y la explotación continuada del servicio y mantener en condiciones óptimas de funcionamiento todas las instalaciones existentes y futuras vinculadas al servicio de la “Recogida neumática de residuos Urbanos, como son fracciones envase y resto de la urbanización del Sector AGFA”, y las futuras ampliaciones que se produzcan en dicha instalación.

El mantenimiento correctivo se corresponde con el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van detectando en los distintos equipos y que serán comunicados al Ayuntamiento de Aranjuez, producidos por avería, desgaste o rotura de los equipos, elementos o sistemas que requieran de intervención. La reparación por parte de la empresa se realizará en el plazo máximo de 24 horas desde el conocimiento de la avería, y en caso de no poder ejecutarse en el plazo señalado deberá ser justificado adecuadamente y aceptado por el Ayuntamiento de Aranjuez, de modo que la situación de correcto funcionamiento de las instalaciones afectadas quede restablecida cuanto antes.

Finalmente la adjudicación ha sido a favor del licitador ENVAC IBERIA, S.A., con un importe de adjudicación de 66.535,85 € anuales, impuestos indirectos no incluidos y un porcentaje de descuento del 10%, sobre los precios unitarios establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, según la oferta económica presentada.

Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente Ribereña (acipa) lamenta que “haya habido una única empresa que se ha presentado a la licitación, la pérdida de concurrencia no es buena para nadie. Ahora es momento de esperar que la empresa adjudicataria se ponga a trabajar lo antes posible, el servicio funcione y los vecinos del barrio puedan disfrutar de este tipo de recogida de residuos, y sobre todo que las deficiencias se solucionen en tiempo y forma que marca el pliego”.

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Se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de 1,6 millones de euros. También se ha solicitado el inicio del estudio de la estructura de costes en contratos de similar naturaleza al que constituirá la futura licitación del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria.

Aranjuez, 27 de diciembre de 2021.

En la mañana de hoy lunes se ha celebrado un Pleno extraordinario con dos puntos en el Orden del día. El primero de los puntos debatidos ha sido la propuesta de la Primera Teniente de Alcalde Delegada de Contratación sobre estructura de costes en relación al expediente de contratación del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria. Con fecha 18 de Junio de 2018 el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez adjudicó a la empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS AUXILIARES, S.A. el contrato para la prestación del servicio de higiene urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio con una duración de cuatro años a contar desde el día 3 de septiembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga de dos años. En consecuencia, a fecha de hoy, dicho contrato se encuentra incurso en su cuarto año de vigencia. La solicitud de la estructura de costes a diferentes operadores constituye un paso previo, requerido por la normativa de aplicación, a cualquier proceso de licitación de un futuro contrato para el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria, dadas las características y alcance propias de dicho contrato. Con la referida solicitud, se pretende obtener un informe donde se muestre una visión actual de las principales variables económicas que influyen en la estructura de costes de este tipo de contratos, así como una previsión de su evolución. Los pasos a seguir a partir de ahora son los siguientes:

• Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.
• Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior.
• Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
• Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente afirma que “se trata de un paso necesario, no solo para la redacción de un nuevo pliego sino también para evitar sobrepasar el plazo de prórroga del contrato y la situación que se dio en la pasada legislatura. Nadie es ajeno a que el servicio actual de recogida de basuras no está funcionando como debería y ahora es un buen momento para iniciar los trámites que nos permitan realizar un nuevo pliego que recoja todas y cada una de las necesidades de nuestra localidad y esté adaptado a las características del municipio. Desde acipa llevamos advirtiendo toda la legislatura que no daríamos nuestro apoyo a una prórroga, y nos parece correcto que se vayan dando pasos. Debemos ir agotando las etapas que van surgiendo para hacer las cosas bien”.

La segunda de las propuestas, sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2021. El reconocimiento extrajudicial tiene un importe total de 1.600.618,43 euros, de los que 923.197,21 euros ya han sido abonados, correspondientes a la tasa de bomberos de la Comunidad de Madrid de 2009 y Canal de Isabel II Gestión, S.A., por lo que su reconocimiento en el presupuesto no implicará salida de fondos líquidos de las cuentas del Ayuntamiento, pero supondrá poner fin a una situación complicada que se viene arrastrando y que va contra el fundamento principal de fiscalización previa del gasto público. En el caso de la tasa de bomberos de 2009, porque el Ayuntamiento estaba bajo un expediente de aplazamiento de la deuda y no haber saldado esa deuda habría supuesto un gran perjuicio a las arcas municipales, con la finalización abrupta de ese aplazamiento. En el caso del Canal de Isabel II Gestión, se trata de la contabilización de las facturas que esta empresa compensa con las tasas que nos deben abonar, por lo que el procedimiento seguido fue el correcto en la contabilidad, pero no había saldo suficiente en presupuesto para su reconocimiento.

“Creemos que”, afirma el Portavoz de acipa, “se trata de una decisión importante ya que estamos hablando del pago de facturas que se remontan algunas de ellas al año 2009 y evidencian una mala gestión por parte de nuestros gobernantes… de bastantes legislaturas atrás. Estas actuaciones nos demuestran que se deben aprobar los presupuestos de manera anual para no tener que ir arrastrando deudas, que recordemos, tienen nombre y apellidos, y en muchas ocasiones son vecinos y empresas de nuestra localidad. Este era uno de los objetivos de la legislatura, dejar de hablar tanto de deudas y proceder a su pago. Era absolutamente inconcebible deber tal cantidad de dinero a las comunidades de propietarios de AGFA, y durante tanto tiempo, y gracias a los pasos que se han ido dando, entre ellos la aprobación del nuevo Presupuesto, se va a proceder a su pago”.

“Durante esta legislatura se ha sacado más de 7 millones de euros de la cuenta 413, lo cual es una buena noticia porque supone disminuir la deuda comercial y la consiguiente rebaja del periodo medio de pago, gracias también a los planes de ajuste y a las medidas que propuso acipa para recaudar más sin elevar la presión fiscal a los vecinos. No podemos echar las campanas al vuelo, siguen las incertidumbres económicas, seguimos con mucha deuda financiera y comercial, pero se va en la buena dirección. Lamentar, eso sí, que algunos de los que votaron en contra de los Presupuestos 2021 ahora se congratulen del pago de deudas. Desde luego, no habrá sido gracias ni a sus ayudas ni a sus propuestas. No obstante, nos hace ya falta sacar las nuevas cuentas para 2022, que puedan concitar más apoyo que las anteriores y traigan las inversiones que nuestra ciudad necesita”

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